Qué es el concurso de acreedores y cómo afecta a los trabajadores
Coloquialmente, un concurso de acreedores es el salvavidas al que se aferran muchos negocios en situaciones críticas. Cuando una empresa se enfrenta a graves dificultades financieras y no puede hacer frente a sus deudas, puede acogerse a este procedimiento legal. ¿El fin? Reorganizar la compañía o liquidarla de una forma ordenada. Aun así, desde nuestra experiencia como asesoría fiscal, sabemos que es un proceso que plantea muchas dudas e incógnitas. Por eso, a continuación explicamos qué es un concurso de acreedores, qué consecuencias tiene para los empleados y el resto de implicaciones.
¿Qué es el concurso de acreedores?
Para empezar, el concurso de acreedores es un procedimiento judicial que se inicia cuando una empresa no puede pagar sus deudas. En España, se rige por la y tiene por objetivo proteger tanto a la empresa como a sus acreedores. Para eso, establece un orden de pago justo con el que procura evitar el caos financiero.
Al mismo tiempo, hay que tener claro que existen dos tipos principales de concurso en función de quién o por qué se pide:
- Concurso voluntario de acreedores. Lo solicita la propia empresa al prever su insolvencia.
- Concurso necesario. Lo piden los acreedores cuando la empresa no paga sus deudas.
Preconcurso de acreedores: ¿qué es?
A su vez, el preconcurso es una fase previa en la que la empresa intenta llegar a un acuerdo con sus acreedores sin recurrir a los tribunales. Durante este periodo (que puede durar hasta cuatro meses), la compañía está protegida de demandas por impago.
Por ende, es un mecanismo con el que se gana tiempo. Sobre todo, para negociar soluciones antes de entrar en el procedimiento formal del concurso.
¿Quién gestiona un concurso de acreedores?
También es importante señalar quién gestiona un concurso de acreedores. Como respuesta, la gestión recae en el juzgado mercantil que corresponda, que designará a un administrador concursal para supervisar el proceso.
Este profesional se encarga de analizar la situación financiera de la empresa, elaborar un inventario de bienes y deudas y proponer soluciones para la continuidad o liquidación del negocio. Además, intercede entre la empresa y los acreedores, asegurando que se respeten los derechos de todos y que el proceso se desarrolle según la ley.
Empresa en concurso de acreedores: ¿qué pasa con los trabajadores?
Cuando una empresa entra en concurso de acreedores, los empleados pueden verse afectados de diferentes maneras, tanto positivas como negativas:
- Continuidad de empleo. Si la empresa sigue operando, los contratos se pueden mantener.
- Modificaciones laborales. Puede haber ajustes en los salarios o en las condiciones laborales para garantizar la viabilidad del negocio.
- Despidos. Si la empresa no puede sostenerse, es muy probable que haya despidos colectivos. Estos, además, serán gestionados por la administración concursal.
- Fondo de Garantía Salarial ( ). En caso de impago de salarios e indemnizaciones, los trabajadores también pueden recurrir a este fondo público.
¿Qué derechos tienen los trabajadores en proceso concursal?
Si se da este procedimiento, los empleados tienen una serie de derechos fundamentales que hay que respetar. Principalmente:
- Derecho a ser informados sobre el estado del proceso.
- Derecho a recibir su salario mientras la empresa continúe operativa.
- Derecho a ser indemnizados en caso de despido.
- Posibilidad de presentar reclamaciones ante la administración concursal.
Indemnizaciones y pagos pendientes
Precisamente, aunque la empresa no pueda pagar a sus empleados, los trabajadores pueden reclamar sus salarios e indemnizaciones, entendiéndose dentro de ellos los siguientes conceptos:
- Salarios pendientes. Estos sueldos son créditos contra la masa, por lo que tienen prioridad. Si el negocio no puede abonarlos, será el FOGASA quien lo asuma. Así, pagará, como mucho, el doble del Salario Mínimo Interprofesional (incluido el prorrateo de las pagas extras) hasta 120 días.
- Indemnizaciones por despido. Si la empresa no puede abonarlas, también será el FOGASA quien cubra parte del importe. De hecho, el límite será un año de salario, sin que el sueldo diario, base del cálculo, pueda ser más del doble del SMI, contando con la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Por otro lado, en caso de que haya impagos, también la Seguridad Social puede reclamar al negocio los importes que se le deban.
El papel de los sindicatos en el proceso concursal
En el concurso de acreedores, los sindicatos pueden tener un papel muy protagonista en la defensa de los trabajadores. En este contexto, se ocupan de las siguientes funciones:
- Representar a los empleados en las negociaciones colectivas.
- Mediar en los acuerdos con la administración concursal.
- Presentar recursos judiciales en caso de que se den irregularidades.
- Garantizar el acceso a la información y la protección de los derechos laborales.
¿Qué pasa con las deudas de Hacienda en un concurso de acreedores?
Otra cuestión importante en un concurso de acreedores es el rol de la Administración Pública. En este sentido, las deudas con Hacienda tienen un tratamiento especial en el proceso:
- Son créditos con privilegio general.
- Este privilegio se limita al 50% de las deudas con la Hacienda Pública, calificándose el otro 50% como crédito ordinario.
Como explicamos más adelante, las sanciones y los recargos pueden ser considerados créditos subordinados. Es decir, solo se pagan si hay fondos tras atender otras obligaciones fiscales y legales.
¿Qué es un crédito concursal?
Si seguimos con las deudas que se generan en un proceso concursal, hay que hablar, precisamente de los créditos concursales. Son deudas reconocidas dentro del concurso de acreedores. Según su prioridad de pago, un crédito concursal puede ser:
- Privilegiado: Estos se clasifican a su vez en:
- Créditos con privilegio especial: afectan a bienes o derechos de la masa activa concretos (ejemplo: créditos hipotecarios).
- Créditos con privilegio general: afectan a la totalidad de la masa (ejemplo créditos pendientes con Hacienda).
- Ordinario: créditos que no tienen ninguna preferencia, se calificarán de esta manera los créditos que según la Ley Concursal no tengan la consideración de créditos privilegiados o subordinados (ejemplo deudas comunes con proveedores o clientes)
- Subordinado: son aquellos que, por diversas razones, se postergan en el orden de pago. Dentro de esta categoría se incluyen, entre otros, aquellos comunicados tardíamente, créditos por intereses y recargos, y aquellos que deriven de contratos con obligaciones recíprocas.
En este punto, aprovechamos para aclarar qué es un crédito contingente en un proceso concursal. Así mismo, se trata de las deudas futuras que dependen de un evento incierto, como una indemnización en un litigio pendiente.
¿Qué pasa después de un concurso de acreedores?
Las posibles soluciones al concurso de acreedores son:
- Convenio con acreedores: El convenio implica un acuerdo entre el deudor y los acreedores para reestructurar la deuda, la empresa sigue operando con un plan de pagos que se pacta.
- Liquidación concursal: se venden los activos de la empresa para pagar deudas y el negocio desaparece.
En este segundo supuesto, o sea, si la empresa entra en liquidación, pueden darse las siguientes consecuencias para los trabajadores:
- Se extinguen sus contratos laborales.
- Los trabajadores tienen derecho a indemnización.
- Los importes pendientes pueden ser asumidos por FOGASA.
- Pueden acceder al desempleo si cumplen los requisitos.
De todas formas, hay algunas empresas que tratan de evitar la liquidación. Para eso, suelen apoyarse en medidas como estas:
- Acuerdos extrajudiciales de pago.
- Fusiones o adquisiciones por parte de otras empresas.
- Refinanciación de la deuda con nuevos inversores.
En resumen, el concurso de acreedores es un proceso complejo con consecuencias para los trabajadores y la empresa. Si estás en una situación financiera crítica, contar con asesoría profesional es vital para encontrar la mejor solución. En Castellana Consultores podemos ayudarte a gestionar este procedimiento con garantías, asegurando el cumplimiento legal y minimizando el impacto para empleados y empresarios. ¿Hablamos?

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