El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que para los pies a las actuaciones de inspección de la Agencia Tributaria en lo que a entrada en domicilios se refiere. En concreto, en locales de negocios y establecimientos donde se desarrollen actividades económicas. Esas que los inspectores llaman coloquialmente “actuaciones de chaleco” por el que se ponen de color amarillo con el logotipo en la espalda.

Automáticamente, en un ejercicio de pura autocrítica constructiva, permítaseme la ironía, el Director General de la AEAT ha manifestado que “habrá que cambiar la ley” para que no haya problemas de interpretación que permita a la jurisdicción contenciosa anular las actuaciones de la inspección.

Quizás antes de apresurarse a cambiar la normativa, para que juegue a su favor, debería la Agencia Tributaria hacer un análisis de su forma de actuar respecto de los contribuyentes. Ajustarla estrictamente al espíritu del ordenamiento jurídico y aliñarla con una pizca de empatía hacia el ciudadano.

Se habla de desafección fiscal por parte de la ciudadanía. No hay confianza en el sistema tributario, y en parte es por culpa de quienes deben velar por el cumplimiento del deber de contribuir, los funcionarios.

Parece que solo conocieran el ordenamiento tributario en la parte que beneficia a las arcas públicas, pero no en la parte que beneficia al contribuyente. Igualmente ocurre con el resto del ordenamiento jurídico.

Una entrada en domicilio, tal y como se plantea en la Sentencia del Tribunal Supremo, porque un contribuyente declara ingresos por debajo de la media del sector, lleva implícito el reconocimiento de una “presunción de culpabilidad”, que es justo lo contrario de lo que propugna nuestra Constitución en su artículo 24.

Bastante tienen muchos empresarios con tener bajadas de ingresos por cientos de causas, como para soportar el desgaste emocional de ver cómo entran en su negocio un equipo de inspectores, registran sus oficinas y se llevan precintados documentos, ordenadores y cuanto entiendan que pueden llevarse, al amparo de una mala interpretación de las normas tributarias. Y todo ello sin siquiera dar audiencia al reo.

Deberían repasar los actuarios el Estatuto Básico del Empleado Público, que les es de aplicación con carácter previo a la normativa tributaria. Especialmente en cuanto a los principios éticos y de conducta que deben regir en su trabajo.

“Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.”

“Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”.

La aplicación de estos principios encaja realmente mal con el hecho de entrar en una clínica y registrar ordenadores y archivos, llevándose expedientes médicos que están amparados por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por poner un ejemplo.

Si realmente se pretende que la ciudadanía tenga una percepción de que hay un sistema tributario justo, en el que la paga quien realmente defrauda; lo primero que debería revisar la Agencia Tributaria es la forma de actuar de sus funcionarios.

Si al hacer una comprobación a un contribuyente el funcionario le dijera qué ingresos no ha declarado, pero también qué gastos deducibles no ha declarado y son en beneficio suyo, seguramente el contribuyente percibiría sensación de justicia en el trato y aceptaría de mejor gana la regularización.

Si al hacer una entrada en domicilio se actuara con proporcionalidad, sabiendo que precintar determinados equipos informáticos puede suponer la paralización total de una empresa, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo; muy posiblemente la Agencia Tributaria ganaría adeptos en cuanto a la imagen que transmite a la sociedad. Y la percepción pública es vital, también para la administración y los funcionarios.

El mundo cambia y la Agencia Tributaria también debe hacerlo. No solo en cuanto a transformación digital, que ya es quizás la mejor del mundo. Debe hacerlo en cuanto a sus relaciones con los contribuyentes. Debe introducir más empatía e inteligencia emocional, cambiar su lenguaje por uno más inteligible y educativo para el común de los mortales y motivar al ciudadano para que participe justa y correctamente con sus aportaciones al gasto público.

Les invito a que cambien el texto de sus resoluciones cuando han comprobado los impuestos de un contribuyente y todo es correcto. En lugar de usar la expresión “conforme a la normativa vigente no procede regularizar la situación tributaria”, prueben a decir “conforme a la normativa vigente ha cumplido usted con su deber de contribuir. Muchas gracias”. Seguro que esta expresión tiene mucho más calado en todos los ciudadanos.

Es justo pagar impuestos, pero los impuestos justos.